Guillermo Barradas, abogado del grupo disidente de la cooperativa La Cruz Azul, aseguró que es poco probable que Guillermo Álvarez llegue al inicio del torneo de Apertura 2020, como presidente del club cementero.
Barradas menciona que las acusaciones que hay contra Billy y Alfredo Álvarez, ha traspasado la cuestión de pleitos entre cooperativistas, ya que hay acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.
“Existen posibilidades altísimas de que no inicien el torneo como directivos. Por dos cuestiones fundamentales. La Primera es que enfrentan un proceso penal grave, contundente, con acusaciones bastante graves, comprobadas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y comprobadas por tres testigos que ya acudieron a la fiscalía a probar estos hechos, y que pueden dar lugar a la acusación por lavado de dinero y delincuencia organizada. Eso de facto, no te permite continuar al frente de un equipo porque tienes que enfrentar un procedimiento penal, porque está en riesgo tu libertad…
Y la segunda: “Es que en el reglamento (de la Liga MX) se lee que cuando estén involucrados en negocios deshonestos, aunque negocios deshonestos es un estándar muy bajo de pruebas, a diferencia de un delito que se tiene que acreditar, como las acusaciones en que se están viendo envueltos (no pueden continuar como directivos del club)…. La función de la UIF te corrobora negocios deshonestos con el bloqueo de sus cuentas, y en los próximos días estaremos integrando una solicitud de desafiliación de ambos personajes. Así que tienen por un lado el tema penal y la posible desafiliación como directivos del equipo Cruz Azul”.
Las acusaciones contra Guillermo Álvarez, llevan tiempo en los juzgados, casi diez, y sigue como director de la cementera y presidente del club… ¿Por qué hoy será diferente?
“Hay dos diferencias fundamentales. Están tratando con otro gobierno, un gobierno que combate la corrupción, un gobierno que no va a dejar pasar todo esto al señor Alvarez y toda su banda. La acusación que hay en su contra es muy grave, con tres testigos con pruebas y la UIF denunciando y bloqueando cuentas. Cuando existe eso es que hay elemento sólidos y contundentes. No es una batalla entre cooperativistas es una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera y bloqueo de cuentas… Eso habla de que existen elemento suficientes para procesarlos. Se había involucrado en muchos hechos el señor Alvarez y familia, y conflictos entre cooperativistas, sin embargo nunca se había enfrentado a un procedimiento de esta naturaleza, donde la UIF ya rastreó sus movimientos. Estamos hablando de momentos diferentes.
-¿El equipo no está en riesgo por el congelamiento de cuentas?
“Afortunadamente una vez que haga a un lado la persona que está haciendo malos manejos, las finanzas, tanto del equipo como las de la cementera estarán a salvo, y le permiten que sigan en su funcionamiento. Eso es lo que se está buscando…”.
-¿Alfredo Álvarez declaró en contra de su hermano Guillermo?
“Sí. Solicitó ante la fiscalía la aplicación de un criterio de oportunidad. Proporcionó diversos datos de pruebas. Declaró cosas bastantes fuertes donde manifestó que existe una organización muy bien estructurada que durante años estuvo funcionando y al frente de esa organización estaba Guillermo Álvarez, que se califica como una organización para realizar conductas indebidas. Señalan en esto al director jurídico Miguel Eduardo Borrel, Victor Garcés, Rodriguez Fayad, Mario Sánchez Álvarez, que es su primo, varios años estuvieron armando un esquema con empresas factureras para simular servicios de consultarías y generar gastos inexistentes, y sacar dinero de la cooperativa a través de estas empresas, retornando el capital, de acuerdo a lo que dice el señor Alfredo, en efectivo en transferencias electrónicas y empresas que controla Guillermo Álvarez. Esto abre otra línea de investigación, como lo son la sobrevaloración de en el precio de los jugadores, y también otra línea de investigación que es algo delicado, la trasmisión de bienes de la cooperativa como pueden ser sus plantas, que es con lo que viven, a fideicomisos; por un lado esto es ilícito, porque desde el 2011 Guillermo Álvarez no podía ejercer funciones de director general, sino que esas funciones le corresponden al consejo de administración y si acaso fuera director general, un director general no puede disponer de los bienes de la empresa si no es con anuencia de la asamblea, que es el órgano máximo de las empresas”.
Hace diez años que inició el litigio, Alfredo Álvarez estaba de lado del grupo opositor, después se le volvió a ver con su hermano… ¿Y ahora? ¿Hace estas declaraciones para salvarse?
“Han estado en partes juntos, en momento separados. En los últimos periodos habían estado juntos. Él era director de planeación estratégica y se tiene conocimiento que sigue en ese puesto… A pesar de ellos la ley prevé que seas o no amigo, sea o no familiar, prevé un derecho para un imputado que es él, para sujetarse a un criterio de oportunidad. El señor Alfredo se acogió a esto con la asesoría de sus abogados para colaborar con la fiscalía, porque con la posición que guardaba conoció de muchos hechos fundamentales”.
José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez son los cabecillas del grupo opositor a Guillermo Álvarez, pero también tiene acusaciones en contra, y hasta han estado en la cárcel.
“Tienen funciones importantes como la presidencia del consejo de administración y consejo de vigilancia elegidos por el 84 por ciento de los cooperativistas. He oído ciertas entrevistas del vocero y la parte contraía que tratan de descalificarlos; yo les diría que más allá de descalificarlos y señalar que esto es un conflicto entre cooperativistas, que esto es un hecho en el que la Unidad de Inteligencia Financiera es la parte denunciante. No es un pleito de un grupo de cooperativistas, aunque estos señores fueron elegidos en el 2018”.
-Pero tienen denuncias en contra.
“El señor Marín fue detenido en Veracruz con acusaciones falsas, con identidades falsas. El señor Guillermo Álvarez actúa así cada vez que aparece un grupo que puede quitarlo de su posición. Ha gastado más de 2 mil millones de pesos en abogados”.