Real Murcia vuelve a estar en el ojo del huracán. Después de tres semanas de relativa tranquilidad en las que todas las noticias han versado sobre el éxito de la campaña ‘SOS Real Murcia’ y la evolución positiva de una ampliación de capital en la que ha participado más de 21.000 personas y empresas de todo el mundo, el club grana vuelve a ser noticia por sus problemas institucionales.
Y es que Mauricio García de la Vega ha salido a escena con la providencia de Alejandra Domínguez García, juez instructora de la Federación Española de Fútbol, que ha propuesto, tras reunir toda la documentación presentada por el gestor mexicano y, a falta de las alegaciones del club y los dirigentes granas, una dura sanción para el Real Murcia, sus actuales consejeros y sus exconsejeros. El motivo: la demanda de Iconos Nacionales, propiedad del mexicano, que desde hace meses demanda su inscripción en el libro de socios como máximo accionista sin que nadie le haya hecho caso.
La juez instructora propone, como parte del expediente disciplinario extraordinario abierto después de la demanda del mexicano, que tanto el club grana como sus dirigentes sean castigados por no haber ejecutado la resolución del TAS del pasado 31 de julio que señalaba a García de la Vega como el dueño legal de la entidad. Un hecho consumado tras la compra el pasado 7 de marzo del 84% de las acciones del Murcia a Raúl Moro. Pero ni Víctor Gálvez, ni ahora el Consejo de José María Almela quisieron inscribirlo.
Tres años por xenofobia
La juez instructora ha sido dura en la providencia con fecha 23 de noviembre, en la que propone sanciones para todos los «miembros que hayan formado parte del Consejo de Administración desde el pasado 31 de julio (fecha de la resolución del TAS)», siendo estas de 3.006 euros e «inhabilitación por dos años a cada uno de ellos», por incumplimiento del artículo 87 bis del códido disciplinario de la propia Federación, que señala como incumplimento grave desoír «resoluciones, órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones del Comité Jurisdiccional de los órganos de FIFA y UEFA, además del TAS». Esto afecta tanto al Consejo de Gálvez como al actual de Almela. Además, la juez instructora propone sancionar al expresidente grana Víctor Gálvez con una multa de 9.002 euros y una inhabilitación de tres años por llamar «mariachi» a García de la Vega en una rueda de prensa celebrada el pasado 8 de agosto de 2018, porque atenta contra el codigo disciplinario de la propia Federación, en relación a «conductas violentas, racistas, xenófobas e intolerantes en el fútbol». Por si fuera poco, la juez también propone una sanción de 3.006 euros para el Real Murcia y la deducción de puntos en la clasificación (cantidad sin especificar) por el incumplimiento de la resolución del TAS, además de otros 9.002 euros al club porque Gálvez, su presidente, se dirigió a De la Vega como «mariachi».
Para introducir a los actuales consejeros en el conflicto iniciado anteriormente contra Gálvez, De la Vega aportó al caso la información que demostraba la cesión por parte del propio Gálvez de la entidad grana a la Plataforma de Apoyo del Real Murcia, nombrando un nuevo Consejo con José María Almela, Gabriel Torregrosa, Enrique López, Higinio Pérez y Stefan Settels. Además y, como prueba de que el nuevo Consejo de Almela ha sido consciente de sus actos y de las resoluciones a favor del mexicano del TAS y el CSD, los abogados de García de la Vega aportaron una copia de la declaración pública del nuevo Consejo grana, del 8 de noviembre, en la que rechazó inscribir a De la Vega como máximo accionista. Los acusados solo podrán recurrir al TAD.