La Conade emitió cartas, con el respaldo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al menos a 45 atletas, entrenadores, miembros de cuerpos multidisciplinarios, metodólogos y hasta funcionarios en las que revelaban un adeudo conjunto de 38 millones 134 mil 897 pesos con 79 centavos de recursos públicos, que según las misivas, no comprobaron a tiempo.
La raquetbolista y múltiple medallista panamericana Paola Longoria, la marchista castigada por dopaje Guadalupe ‘Lupita’ González, el longevo mediofondista Juan Luis Barrios y el doble medallista olímpico en Los Ángeles 1984 Raúl González Rodríguez, son algunos de los atletas y ex deportistas a los que fueron mandadas estas cartas, de las cuales EL UNIVERSAL Deportes tiene copias, y que indicaban que los señalados debían liquidar los adeudos a más tardar el pasado 5 de diciembre.
Estos recursos, provenientes del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), fueron depositados a las cuentas bancarias de los señalados para que pudieran cubrir los gastos de competencias o campamentos. Aunque en algunos casos, reconoce Ramón Díaz (quien estaba dado de alta en el Fodepar y ahora es coach de Capitanes de la Ciudad de México de la LNBP), se depositó el dinero a uno de los señalados y éste repartió los recursos a los atletas, coaches y miembros de cuerpos multidisciplinarios para que pudieran solventar los gastos de un torneo o campamento.
“En mi caso, comprobé todos los eventos a los que fui. Muchos atletas, incluyéndome, tuvimos problemas con el responsable de comprobaciones de la antigua administración de Conade. Esa persona perdió los expedientes”, acusa Longoria, quien fue señalada de no comprobar más de 1.6 millones de pesos de recursos federales entre el 2015 y 2018.
La raquetbolista sostiene que tiene pruebas de que la antigua administración de la Conade, que encabezaba Alfredo Castillo, perdió las facturas que había entregado ella y Samantha Salas, otra de las señaladas de no comprobar estos recursos. Longoria dijo que las iba a mandar antes de la publicación de este reportaje, sin embargo, hasta la noche del miércoles no lo hizo.
Longoria no es la única atleta que sostiene que el exresponsable de comprobaciones extravió sus facturas o expedientes. También lo hizo la squashista Samantha Terán en una entrevista separada. Mientras que el medio fondista Juan Luis Barrios ofrece un panorama más amplio de lo que, en su caso, sucedió:
“Hice un viaje para competir en el Maratón de Tokio y dos competencias más. En el hospedaje, el encargado de uno de los hoteles no metió correctamente el RFC para que generaran mi factura. Eso propició que en el departamento de comprobaciones no la aceptara y que el resto de los gastos que hice en esas competencias no fueran aceptadas. Por eso, tengo una cifra de recursos tan grande sin comprobar (483 mil 632 pesos). Varias veces se los expliqué, pero ellos (en comprobaciones) no aceptaron mi versión. Creo que faltó criterio de estos funcionarios para aceptar las facturas”, opina.
Sin embargo, hay otros atletas como el medallista olímpico en Río 2016 y ahora boxeador profesional, Misael Rodríguez, que ni siquiera tenían conocimiento del supuesto adeudo. “Ni siquiera sabía de la carta y tampoco recuerdo que me hayan depositado (recursos públicos) cuando era amateur”.
Secretismo de funcionarios
Las cartas de los 45 señalados están firmadas por Javier Meza Alcántara, quien se identifica como Director de Evaluación Fiduciaria y Mercadotecnia y que se desempeñó al frente de ese departamento cuando Castillo tomó el mando de la Conade en 2015.
A varios de los atletas señalados, incluida Longoria, se les cuestionó si identificaban a Meza Alcántara o si habían escuchado de él. Sin embargo, ninguno de ellos dio una respuesta positiva.
Este diario contactó a Meza Alcántara y Castillo para que dieran su versión de los hechos. Pero ninguno quiso aceptar una entrevista con esta casa editorial. Castillo, mediante su secretaria, dijo que “ya estaba fuera de la vida pública”, mientras que Meza Alcántara, por medio de un exfuncionario que coincidió con él en la Conade y que prefirió reservar su identidad, se limitó a decir que “ese tema lo había pasado a la nueva administración”.
En la entrevista con Longoria, la raquetbolista reveló que tuvo comunicación Samantha Salas, su compañera de dobles y otra de las atletas que es señalada de adeudar recursos públicos, y dijo que, a su vez, Salas tuvo comunicación con Israel Benítez, subdirector de Alto Rendimiento de la presente administración de la Conade y mano derecha de la directora Ana Guevara, y que éste había recomendado que no dieran entrevistas sobre el tema.
Este diario se comunicó con Benítez para pedirle una postura. Contestó la llamada, pero cuando se le explicaba la situación, coincidentemente se cortó la comunicación. Minutos después se le dejaron llamadas, mensajes y audios, pero hasta el cierre de esta edición no respondió ninguno de ellos.
Sanciones e interrogantes
Según el Capítulo 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso Fodepar, los atletas, entrenadores y miembros de cuerpos multidisciplinarios deben de comprobar los recursos económicos otorgados hasta 30 días después de que haya terminado la competencia para la que se concedió el dinero.
Con lo anterior, no se entiende el porqué la administración de Castillo aprobó el depósito de recursos públicos al menos a 18 atletas, entrenadores y miembros de cuerpos multidisciplinarios que no habían comprobado correctamente estos recursos en años anteriores.
De al menos diez deportistas entrevistados en este reportaje, sólo Barrios reconoció que ha sufrido sanciones. Dice que al menos en los últimos dos años no ha recibido el dinero correspondiente de su beca deportiva.
“Algunos de esos recursos no los comprobé en el lapso estipulado, porque tenía que preparar mis competencias o entrenar”, dice.
Las Reglas de Operación del Fodepar sostienen que habrá suspensión de los apoyos económicos al “incumplir con la comprobación del apoyo en términos de los lineamientos”, mientras que habrá cancelación de éste “como consecuencia del incumplimiento en la comprobación de los recursos federales y/o si se detectan alteraciones a los conceptos de gastos acordados en los convenios correspondientes”.
Es decir, a los acusados de no comprobar los recursos que se les depositaron, la administración de Castillo debió suspenderles o cancelarles los apoyos del Fideicomiso Fodepar, pero por alguna razón, esto no sucedió en la mayoría de los casos.
Federaciones, las otras responsables
Los 45 señalados por la Conade de no comprobar los recursos públicos, a su vez, practican o están relacionados con 17 disciplinas, como atletismo, esgrima, tenis de mesa, squash o basquetbol. Coincidentemente, las federaciones nacionales que rigen estos cinco deportes antes mencionados tuvieron problemas y algunas de ellas estuvieron impedidas de recibir dinero por parte de la Conade en la etapa de Castillo al frente del organismo.
“Todo está relacionado”, menciona una fuente enterada del caso y que prefirió guardar su anonimato. “Estas federaciones no pueden recibir recursos y eso provoca que la Conade le deposite a un atleta, entrenador o miembro de cuerpo multidisciplinario. Cuando son competencias en los que participarán por equipos o más de un deportista, el que recibe el depósito es el que se encarga de repartir el dinero para el resto de los miembros de la delegación”
La fuente continúa: “luego, sólo el que recibió el recurso económico es el que está obligado a comprobar y por ello sufre esta situación. Esto no pasaría si las federaciones no estuvieran sancionadas por corrupción y otras irregularidades. Si no estuvieran castigadas, los funcionarios de éstas se encargarían de la parte de comprobar los recursos”.
Esta situación coincide con el testimonio de Ramón Díaz, quien se involucró como parte de la Academia Conade de Basquetbol y que también se desempeñó como asistente de Sergio Valdeolmillos cuando éste era entrenador de la selección mexicana de basquetbol. Al ahora coach de Capitanes, según la carta emitida por la Conade, se le señala de no comprobar a tiempo más de 202 mil pesos.
“En ese tiempo la Ademeba (la federación nacional que rige el basquetbol mexicano) tenía problemas. Entonces, para que unos niños de la Academia Conade pudieran ir a un torneo en Monterrey, me ofrecí a que me depositaran en mi cuenta y posteriormente repartir los recursos para cubrir el torneo”.
Una vez que terminó el torneo, según el testimonio de Díaz, trató de comprobar los gastos del viaje. Sin embargo, el departamento de comprobaciones lo rechazó porque no aceptaron, principalmente, unas facturas de Uber que utilizó el equipo para trasladarse en la ciudad.
“Por hacer un favor, parece que salí perjudicado. Me he acercado a la presente administración de la Conade y nadie me resuelve nada. Mientras tanto me llegan estas cartas… he sido muy claro y no voy a pagar un dinero que no utilicé incorrectamente”, expresa.
Mientras los atletas y el resto de los acusados se quejan del antiguo departamento de comprobaciones de la Conade y los funcionarios de la presente y pasada administración guardan silencio, la interrogante sobre el paradero de los poco más de 38.1 millones de pesos de recursos públicos, sigue en el aire.